A partir de la situación generada a nivel mundial por la pandemia del COVID 19, la cual impacta en todas las manifestaciones de la vida social e individual. El ejercicio de los derechos políticos, fundamento de la democracia, también se encuentra afectado en forma inmediata.

La emergencia sanitaria que se impone no debería llegar a ser una emergencia en materia de derechos políticos.

De las aproximadamente 70 elecciones programadas para desarrollarse este año, hasta el momento 47 fueron pospuestas, modificadas o directamente suspendidas.

El interés en el presente tema trasciende el período crítico de desarrollo de la pandemia en todo su volumen y manifestación, cómo es el presente año, para ello es importante brindar elementos a tener en cuenta para las posibles consecuencias post pandemia.

En ese contexto, habida cuenta de que ambos valores –salud pública y democracia - deben ser adecuadamente ponderados, se propone una reflexión sobre la producción de entidades con experiencia y trayectoria internacional, que han actuado en contextos de crisis y  emergencias, documentos relativos a campañas y actos electorales formulados en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Investigadores y expertos sostienen que la distancia social deberá prolongarse en el tiempo probablemente durante más de un año, lo que abarca la realización de las elecciones postpuestas y las que deban tener lugar en 2021.

Por otro lado, desconocemos el impacto que esta situación tenga en la ciudadanía y los posibles componentes subjetivos de temor a situaciones de riesgo real o potencial que puedan afectar negativamente la participación política y/o modificar definitivamente costumbres sociales.

Ni las autoridades electorales, ni los órganos de defensa de los derechos colectivos deben ser ajenos a los esfuerzos a realizar,  fin de organizar elecciones con prácticas y requisitos añadidos que las conciban sanitariamente sustentables.

Las sociedades no pueden permitirse –más- la suspensión de elecciones, por lo que se deberán generar condiciones donde la participación electoral no ponga en riesgo la salud de los electores.