Las empresas compiten por el acceso al financiamiento, y para ello deben sortear un escenario de asimetría de información frente a los proveedores del capital. La legislación sobre sociedades prácticamente excluye del conocimiento real de la situación de la empresa a todas las personas ajenas al órgano de administración y, en la práctica esta información no llegará más lejos del control de los accionistas mayoritarios, o de otras personas con acceso habitual a la información interna. En ese contexto, el mapa del gobierno societario se integra con un conjunto de instituciones encargadas de acortar la brecha informativa entre los demandantes y oferentes de capital llamados “intermediarios reputacionales”. Se trata de entidades que desempeñan diferentes actividades pero que en esencia cumplen una función similar. Estas instituciones invierten su principal activo, -su reputación- en informar al mercado sobre determinadas características de las empresas y de los proyectos específicos, mediante la emisión de certificaciones u opiniones profesionales. Las calificadoras de riesgos son intermediarios reputacionales, es decir intermediarios entre los inversores y las empresas o como “garantes informativos”. El calificativo de “reputacional” tiene que ver con el hecho de que el principal activo de estos intermediarios es su reputación invertida en dar una señal de la seriedad de sus informaciones.
